Por Adolfo Cuevas Teja Lunes 25 de Septiembre de 2023 – 10:43

Futuribles. Son los futuros posibles, a partir de la situación presente. Expongo tres escenarios, particularmente en función del costo del espectro radioeléctrico que en el pasado reciente ha incidido en decisiones estratégicas de operadores, condicionando fuertemente el decurso ulterior.

Premisas. Si bien este análisis gravita hacia la cuestión del espectro, es necesario señalar algunos elementos centrales en la determinación de los futuros probables de las telecomunicaciones móviles.

El principal es el marco institucional, referido al conjunto de normas que definen las autoridades, sus facultades, especialmente las concernientes a la administración del espectro y a competencia económica. También pesan las políticas públicas de autoridades federales, que propician o no certeza a las empresas.

Asimismo, el clima general de negocios que influye en las expectativas de utilidad y decisiones de inversión, en función del crecimiento esperado de la economía.

Al respecto, asumo que el marco institucional subsistirá sin cambio por lo que hace a autoridades y sus facultades en el sector telecomunicaciones. En cuanto a la política federal, con base en encuestas recientes, presumo que después de 2024 Morena permanecerá al frente del Ejecutivo y que será la primera fuerza en ambas cámaras del Congreso.

Tocante a la economía, anticipo que, dadas las condiciones estructurales conocidas, en el corto plazo el país mantendrá un bajo crecimiento y que las finanzas públicas seguirán comprometidas por baja recaudación y crecimiento de los intereses de la deuda.

Futurible 1: inercial. La persistencia de altos precios del espectro radioeléctrico impedirá toda posibilidad de mejora relevante de las condiciones de competencia en el mercado móvil.

Primeramente, por la astringencia financiera que provoca en los operadores distintos del preponderante, limitando su capacidad general de inversión.

Seguidamente, porque les hace inviable la adquisición de bandas bajas, medias y altas, necesarias para desarrollar servicios competitivos hacia el 5G, toda vez que supondría un costo fijo creciente que coartaría perentoriamente márgenes mínimos de rentabilidad.

Contrastantemente, el preponderante sí que tiene la capacidad económica de adquirir bandas y, al hacerlo, reforzar su posición de dominio.

Evidentemente, lo anterior coloca al regulador IFT en la incómoda posición de optar por no licitar más espectro para no agravar la frágil competencia en el móvil, aunque ello comprometa, a su vez, el desarrollo general de las telecomunicaciones que, sin duda, es un objetivo superior.

ATT, único competidor con espectro, no adquiriría bandas en las licitaciones por venir, lo que le impediría concretar una oferta 5G competitiva hacia el usuario común y afectaría, asimismo, su capacidad de brindar servicios de avanzada al sector empresarial. A la vez, relegaría a operadores virtuales dependientes, destacadamente a Telefónica.

Lo anterior auguraría la continuidad de una situación financiera precaria o, en última instancia, insuficiente para enfrentar a América Móvil.

Este desafortunado futuro es el más probable, ya que el próximo gobierno persistiría en una política fiscal conservadora en materia de costo del espectro, sustancialmente por estrechez de recursos ante una recaudación fiscal subóptima para obras y programas, aunque visiblemente existe también un cierto componente ideológico.

En cuanto a la posibilidad de que ATT regrese más espectro, es sin duda real. Principalmente, como señalé en anterior artículo, porque no le sería estrictamente imperativo, puesto que su índice de utilización es menor que el de Telcel: hacia el 3T de 2022 ATT tenía el 63% del espectro de Telcel, pero el tráfico combinado de datos de ATT y Telefónica era el 28% del de Telcel (IFT BIT).

No obstante, la decisión de cuánto espectro regresar se vería condicionada por el hecho de que la renuncia de espectro tendría que hacerse por completo en cada región celular de que se trate, de las 9 en que se divide el país. La sustitución de las 9 regiones por 65 áreas básicas de servicio (ABS), como ha planteado el IFT, facilitaría las cosas, aunque precisaría reflejarse en la Ley Federal de Derechos.

De esta manera, para cada región ATT podría devolver los bloques de espectro que no precisase para llevar el tráfico actual y esperado en el corto plazo. Para renunciar a todo el espectro en una región, tendría que contar con un operador que se lo proveyese. El prospecto inicial sería Altan y su red compartida, aunque su menor cobertura y única banda restringirían tal oportunidad.

No obstante, en términos de la propuesta de Telefónica para que Telcel brinde su espectro como red multi operador (MOCN), figura que he analizado, Telcel sería otra opción, siempre que dicha obligación se incorpore en términos apropiados en la revisión bienal de la preponderancia.

Futurible 2: espectro accesible. Su probabilidad es inferior al anterior, por lo recién explicado. Inclusive si disminuyera el costo del espectro radioeléctrico a referentes internacionales, ATT podría no requerirlo en el corto plazo, por la baja utilización del que tiene actualmente y por sus derechos sobre la valiosa banda 3.5 por utilizar. Sin embargo, es evidente que poseer espectro en las distintas bandas licitables reforzaría su posición competitiva de largo plazo ante Telcel.

Una visión de largo aliento obligaría a los no preponderantes a forjar una estrategia de firme competencia. En este sentido, esbozo algunos factores relacionados con el potencial avance en el futurible 2:

• Regulación. Seguirá siendo la clave, aunque no panacea. Las medidas apropiadas, sus estrictas aplicación, supervisión y eventual sanción, serían las detonantes de una mayor competencia, al atraer inversión creciente por la perspectiva de obtener utilidad. Diferente del futurible 1, donde la regulación no contrarrestaría adecuadamente el espectro caro.
• Mejora continua. Las empresas seguirían optimizando su estrategia de negocios, sus procesos y productos, más allá de lo que ataña a la regulación, cuyo impacto tiene límites definibles en cuanto a posibles beneficios. Lo que está en control de la propia empresa, al margen del entorno y sin negar su relevancia, comunica información importante y, sobre todo, robustece el valor de la función gerencial, máxime, por ejemplo, al sopesar la dimensión de ATT México que, cursando el tráfico de más de 40 millones de usuarios, es un gigante de las telecomunicaciones en Latinoamérica.
• Inversión. Dado que la ley induce un método de modificaciones graduales, es previsible que aún el reencauzamiento de la regulación no acarrearía, en principio, cambios drásticos (exceptuando la posible separación estructural de Telmex), por lo que tampoco generaría elevados flujos de inversión inmediatos de los no preponderantes si consideramos, además, su actual debilidad financiera; el retorno esperado en México en el corto plazo, y las opciones de mayor rendimiento en otros países, lo que obstruiría su crecimiento ya que la asimetría actual exige montos de inversión ingentes.
• Separación estructural. Como comenté en colaboración previa, la venta tendría resistencias del propio preponderante y del Sindicato de Telmex. La compra sería desincentivada por el elevado costo laboral. El nuevo agente económico no nacería con regulación impuesta, por lo que no tendría obligación de trato imparcial y pudiera favorecer al propio preponderante, al ser su principal cliente.
• Concentración ATT-Telefónica. Generaría sinergias y economías que beneficiarían al agente resultante. Si bien es posible en el futurible 1, tendría ahí más visos de significar una resistencia conjunta; en tanto que en el futurible 2 pudiera ser realmente un relanzamiento de la competencia en México.

Futurible 3: la Súper Red Compartida. A partir de los actuales Promtel y Altan, la Súper Red Compartida sería, tal vez, una posible respuesta ante la evidencia de que, tras una licitación de espectro, Telcel fuera el único adquirente y que se mantuviera la negativa de SHCP y Congreso a bajar su costo.

Si el mercado no demanda esas bandas, bien podrían otorgarse al actual titular de la banda de 700 MHz., el organismo público Promtel, cuya relación con el mayorista Altan se ampliaría para explotarlas.

Súper Altan y Súper Promtel, con amplio espectro disponible en todo México, al 10% del valor de mercado (como la banda de 700 MHz.), podrían ser los proveedores de ATT, Telefónica y cualesquiera otros operadores, virtuales en diverso grado que, sin espectro y su costo asociado, pudiesen concentrarse en la provisión y expansión de servicios en el país.

Lo anterior requeriría una reforma constitucional que, se estima, estaría alineada con la ideología estatista de Morena, tanto como con la realidad incómoda de que, tras 10 años, la Reforma de Telecomunicaciones no ha dado los frutos esperados en el sector móvil. También con la palpable realidad de que el proyecto Altan ha atravesado por dificultades que lo llevaron a concurso mercantil y a la renegociación financiera (rescate) por alrededor de 15,000 millones de pesos de deuda con la banca de desarrollo gubernamental (y otro tanto de deuda con privados), lo que en los hechos la ha transformado en una empresa cuasi pública.

La certeza de ingresos provenientes de servicios a operadores de la talla de ATT y Telefónica sería garantía de un futuro más halagüeño para Altan. En contrapartida, provisiones legales de por medio, empresas de cierto rango, excepto el preponderante, podrían tener participación accionaria superior a la actualmente permitida y derechos corporativos puntuales en Súper Altan, a la que indudablemente aportarían mayor eficiencia.

La Súper Red Compartida desplegaría, entre otras, las siguientes justificaciones:

• La original de cerrar la brecha de acceso, ampliando la cobertura geográfica no lograda cabalmente por la administración sexenal que concluye;
• Atacar la brecha de asequibilidad mediante precios inferiores de sus operadores relacionados, ante el hecho de que la mayoría de la gente no conectada habita en zonas con servicios a los que no acceden principalmente por su costo;
• Brindar conectividad social a instituciones públicas de educación, salud, etcétera, y
• Ser factor para nivelar la competencia en el mercado móvil.

Un paso de tal trascendencia obligaría a reconsiderar la permanencia de la preponderancia pues, en estricto, ya no se trataría de competidores en las mismas condiciones formales, lo que permitiría sustituir la regulación de preponderancia que fuese menester por la resultante de declaratorias de poder de mercado de América Móvil.

Una modalidad alterna sería la supracitada de Telcel como red MOCN compartida y ampliamente disponible para llevar el tráfico de ATT, Telefónica y demás en todos los puntos que éstos requiriesen, a precio controlado por la regulación del IFT.

Visión y compromiso de futuro. El limitado avance de la competencia en el móvil, aunado al estancamiento de ingresos y utilidad decreciente de operadores, exige acciones de política pública para asegurar que esta importante industria sea puntal de desarrollo presente y futuro.

El alto costo del espectro no debe ser más el obstáculo infranqueable que se interponga entre los mexicanos y su legítima aspiración de bienestar. Ante la reiterada negativa de bajar su costo, es conveniente explorar opciones: la Súper Red Compartida es una entre ellas.

La operación eficiente de la Súper Altan mayorista (privada o pública) sería una respuesta al alcance y, en el mediano plazo, quizás innovaría llevando a comoditizar el espectro radioeléctrico para que en el largo plazo el desarrollo del sector de telecomunicaciones móviles se concentre en el rol de progreso omnidireccional que tiene la capacidad de cumplir.

La Reforma Telecom “reloaded” o, en tono menor, una revisión crítica de sus logros y faltantes parece obligada y preferible a la insatisfacción de los sectores público y privado, y de la sociedad, respecto de la competencia en el mercado móvil y a su previsible continuidad bajo la inercia que hoy la domina.