Por Gerardo Soria Miércoles 06 de Marzo de 2024 – 00:02
La semana pasada, en este espacio, expliqué la simulación perpetrada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para permitir que CFE Telecom prestara servicios a usuarios finales, en violación flagrante de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Competencia Económica de 2013. El IFT, creado como resultado de esa reforma constitucional, debería defender el marco jurídico que le dio su razón de ser. Sin embargo, a 10 años de su creación, es triste darse cuenta de que no importa tener un órgano constitucional autónomo si está encabezado por personas que no cumplen con su deber.
Como consecuencia del sometimiento del IFT, el gobierno de la Cuarta Regresión propone la creación de una Red Nacional de Telecomunicaciones, que en realidad es una empresa comercial de telecomunicaciones subsidiada por el gobierno. Esta propuesta, condenada a desperdiciar dinero y beneficiar a políticos y contratistas amigos, es violatoria de la Constitución y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El artículo 141 de la Ley establece la “neutralidad a la competencia” como obligación para las redes de propiedad pública, como CFE Telecom. Esta obligación tiene como objetivo evitar distorsiones en nuestro sistema constitucional de libre mercado en competencia. El título de concesión original de CFE Telecom limitaba su cobertura a zonas no atendidas o con servicios limitados, como cobertura 3G no garantizada. Sin embargo, la reciente modificación aprobada por el IFT permite la prestación de servicios por parte del gobierno en zonas con 3G garantizada, lo cual es ilegal. Esta modificación afectará a los operadores privados, que ahora enfrentarán competencia desleal por parte de un operador público subsidiado.
Además, la cobertura de CFE Telecom es por exclusión. Según el título de concesión original, no podía prestar servicios donde hubiera cobertura 4G o 3G garantizada, solo donde hubiera 3G diferenciada (no garantizada) o inferior (2G). Sin embargo, con la reciente modificación, el IFT le permite a López Obrador prestar servicios incluso donde haya 3G garantizada, lo cual contradice su discurso populista de llevar telecomunicaciones a los desconectados. En realidad, lo que busca es comprar votos y pagarlos con tiempo aire, y al IFT le falta valentía para defender a las empresas del sector que regula de manera deficiente.
De acuerdo con el reporte del propio IFT sobre coberturas al final del 2022, la cobertura 3G diferenciada de ATT y Telefónica es del 90% y 80%, respectivamente, pero la cobertura garantizada es del 55%. Esto significa que el 55% de la cobertura garantizada de ATT y Telefónica se verá afectada por la entrada de CFE Telecom en el mercado, lo cual perjudicará a la competencia y a los operadores móviles virtuales asociados a Altan Redes, cuyos clientes objetivo son personas de bajos ingresos.
En resumen, la sumisión del IFT al gobierno de la Cuarta Regresión y su permisividad hacia CFE Telecom son una clara violación de la Constitución y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta situación perjudica a la competencia y a los operadores privados, y contradice el supuesto objetivo de llevar telecomunicaciones a los desconectados. Es triste ver cómo un órgano constitucional autónomo se convierte en un títere del poder político, dejando de lado su deber de proteger y promover un mercado de telecomunicaciones justo y competitivo.